La alarma ha saltado entre los ciudadanos que tienen segundas residencias y que las utilizan de forma temporal.
El Gobierno central publicó una orden ministerial por la que autoriza a las Comunidades Autónomas para que puedan obligar a los propietarios que tengan segundas viviendas desocupadas a alquilarlas a las personas víctimas de violencia de género, a las personas que hayan sido objeto de desahucio de su vivienda habitual, por ejemplo por impago de la hipoteca, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente vulnerables. Sin embargo, desde el punto de vista legal se trata una orden sin valor ejecutivo
Desde le propio Gobierno central reconoce que la norma no permite expropiaciones. Esta norma apunta a la obligación de que las Comunidades Autónomas pongan a disposición de estos colectivos desprotegidos viviendas de titularidad pública. Pero, ¿Qué pasa si no las hay? como se trata de una “orden ministerial”, por lo tanto no tiene rango de ley y, además, no tiene el respaldo de una ley que lo regule, por lo tanto, no es de obligado cumplimiento. No obstante, la publicación de dicha norma lleva a la confusión y alarma entre los propietarios de segundas residencias.
Por tanto, esta orden ministerial no permite expropiaciones de viviendas privadas, ni tampoco ampara a los llamados «okupas» y cualquier otra prácticas ilegales. Lo que se pretende es permitir la creación de un plan oficial que pueda destinar fondos públicos para pagar el alquiler de una vivienda «social». En ningún caso el «Programa de ayudas a las víctimas de violencia de género y personas desahuciadas PERMITE LA EXPROPIACIÓN de viviendas vacías ni segundas residencias.
Se habilitan a los Gobiernos de la CCAA para que en circunstancias urgentes de extrema vulnerabilidad determinadas por los servicios sociales, pueda recurrir, por ej., al alquilar una vivienda u ofrecer una habitación en un hotel y poder pagarlo con las ayudas del Plan Estatal».
Iustalex Abogados/ Just Law Solicitors
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